Ibon Cabo 





Kirola, mundua eta jendea 

Septiembre 07 2016

Lo que la izquierda española se juega aceptando la inhabilitación de Otegi

La historia política del estado español está llena de épocas donde ejercer libremente la política no fue tarea fácil. Desde mediados del S.XIX, grupos sociales trabajaron en post de la democratización interna, del sufragio universal tanto masculino como femenino, completada en por primera en 1931 con la llegada de la segunda república y retomada tras el genocidio franquista en 1977.

Esta última fase que continua en la actualidad, dejó abiertas heridas importantes en el estricto sentido democrático de la participación social, como han sido, la toma de decisiones, la separación de poderes y el reparto de la riqueza a lo largo y ancho del estado español. Por ello, hoy en día es tan público y notorio como evidente, que los movimientos surgidos en el seno del 15M, lo que reclaman sin tapujos es una soberanía plena en la toma de decisiones por parte de los diversos pueblos que forman parte de este “nuestro” estado. Abordar la recuperación del poder de decisión por parte de las clases bajas y medias es, sin duda, el quid sobre el que gira el actual debate político, independientemente del escaso retroceso que padece el mayor enemigo de la libertad y la igualdad que es el PP y su marca blanca Ciudadanos.

Y si sobre soberanía popular hablamos, el instrumento clave para el control de las decisiones ejecutivas lo ostentan los distintos parlamentos en las distintas estratificaciones s políticas existentes. Y aún más necesario que estos, es un poder judicial que controle que los ciudadanos/as somos regidos por leyes justas y aplicadas en igualdad de condiciones.

El tribunal Constitucional ha rizado el rizo con su “sentencia” (pues ni siquiera es esto en cuanto a la forma de expresión). Ha decidido simplemente “no admitir a analizar el recurso”, pues si lo hiciera y atendiendo a razones jurídicas, tendría que haber definido y hubiera creado jurisprudencia al respecto de la aplicación de condenas accesorias a la principal. Por ello, burlándose de su propia doctrina y del sistema en general, no la admite a trámite dotándose de un claro posicionamiento político y hurtando el debate político a los ciudadanos/as vascos.

El valor de los pronunciamientos del tribunal constitucional en clave política

Aún más importante de lo que se juegan los/as vascos/as, es lo que se juega el estado español. Admitir que un tribunal constitucional puede hurtar el debate jurídico acogiéndose al hecho de que no hubo reclamación por parte de Otegi ante la sentencia impuesta, es admitir que el tribunal constitucional tiene plena soberanía para limitar la participación ciudadana en política y que puede con sus decisiones, obviar su propia doctrina para coartar la democracia en función de la ideología política del “reo” en cuestión. El estado español no se juega si Otegi es o no candidato, se juega el poner a una serie de magistrados con sus decisiones por encima de la propia ley y de su constitución. Cuidado con acoger con júbilo esta sentencia, pues después vendrán otras como admitir con naturalidad la ley mordaza o cerrar medios de comunicación no afines como se realiza en algunos países latinoamericanos a los que tanto se critica en las tertulias públicas.

Admitir que debe ser el pueblo vasco quién diga si Otegi es válido para ser Lehendakari o no y que un tribunal que se supone debe sostener los derechos constitucionales de todos sus ciudadanos/as, siempre debe pronunciarse en cuanto a la defensa de los derechos fundamentales, es parte inherente a un sistema auténticamente democrático y participativo. Con todo esto está mucho más en juego de lo que el común de los mortales se imagina. Esperemos que los árboles no les impidan ver el bosque.

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